La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a siete empresas proveedoras de material electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos locales por presunta simulación de competencia y triangulación de recursos, en una indagatoria que rastrea contratos desde 2012 y que toca a Chihuahua por una de sus ex funcionarias.
La UIF mantiene 70 cuentas bancarias bloqueadas, de acuerdo con El Imparcial. Entre 2023 y 2024 congeló más de 400, vinculadas con 13 personas físicas y siete empresas. El Diario de Chihuahua, que retoma la pesquisa de Grupo REFORMA, consigna que Cajas Graf transfirió 400 millones de pesos entre 2012 y 2023, de los cuales unos 130 millones fueron a sociedades usadas para operaciones simuladas.
La indagatoria arrancó en octubre de 2023. Un primer congelamiento se firmó el 17 de noviembre de ese año y un segundo acuerdo, del 15 de enero de 2024, bloqueó 231 cuentas de siete personas físicas, dos morales y 35 sujetos relacionados. El patrón descrito por la autoridad financiera combina ingresos altos con pérdidas fiscales recurrentes, plantillas mínimas y operaciones que no corresponden con la capacidad declarada. En el expediente aparecen los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas y firmas como Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast y Comercializadora Grupo Selati.
El vínculo con Chihuahua pasa por Claudia Arlett Espino, quien presidió el entonces Instituto Estatal Electoral en 2020 y 2021. Según el reporte de REFORMA, en 2021 asignó contratos directos a una empresa representada por Jesús Octavio García González, después director de Administración del INE. Espino renunció a la Secretaría Ejecutiva del INE el 9 de septiembre “por motivos de salud” y el 17 de octubre asumió la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cargo que ya había ocupado en 2024, reportó El Universal. En el Consejo General del INE, el 10 de septiembre, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón Saavedra, dijo: “ojalá que haya sido un tema político y no de salud”.
No hay resolución judicial ni sanción firme contra las empresas o las personas señaladas. El siguiente paso está en el Órgano Interno de Control del INE, que recibió el 20 de enero de 2026 una denuncia por presunto conflicto de interés contra García González.
Esta nota fue redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes locales verificadas y revisada por un editor humano antes de publicarse.
