La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASE) documentó 786 transferencias de proveedores y contratistas del gobierno estatal a un despacho jurídico y fiscal por 1,696.6 millones de pesos, en la revisión de la Cuenta Pública 2025 que el auditor Alejandro Reynoso presentó el 17 de noviembre de 2026 ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local.
El auditor estimó que las triangulaciones sumaron esos 1,696.6 millones de pesos y que generaron rendimientos por 418.8 millones al despacho, de acuerdo con El Diario de Chihuahua. Los hallazgos se suman a los 728.13 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación informó el 30 de octubre ante la Cámara de Diputados por un patrón similar de proveedores estatales.
El Norte consignó que la ASE acumuló en la revisión 2025 señalamientos por 24,635 millones de pesos, poco más del doble de lo detectado en la fiscalización de 2024. El monto importa porque sale del mismo presupuesto que financia obra, salud y programas estatales, y porque la revisión anterior ya había puesto en el debate legislativo las transferencias de proveedores estatales hacia el despacho que los medios vinculan con el gobernador.
El desglose difundido por El Diario de Chihuahua incluye el caso del DIF Nuevo León: recursos pagados al proveedor Don Cacahuato pasaron por cinco empresas identificadas como filiales y, en un periodo de ocho días, 23.2 millones de pesos llegaron al despacho jurídico. El medio identificó la firma como Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyFA), del gobernador y su padre, Samuel Orlando García. El auditor no citó por nombre ni al mandatario ni a la firma: se refirió a "un alto funcionario" y a un "despacho jurídico y fiscal", según la crónica de la comparecencia. Tampoco mencionó a Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, aunque aludió a una "empresa de cosméticos".
El documento contiene observaciones de fiscalización, no una resolución definitiva: la responsabilidad administrativa o penal, en su caso, se determina en instancias posteriores. La Comisión de Vigilancia del Congreso de Nuevo León tiene pendiente el seguimiento del informe, y la ASE debe detallar qué observaciones se solventan y cuáles se turnan a la Fiscalía.
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