La Misión Civil de Observación que recorrió Guadalupe y Calvo y Baborigame del 3 al 6 de noviembre de 2026 documentó casas abandonadas, vehículos quemados y cruces con nombres de personas fallecidas en la Sierra Tarahumara. Habitantes de Los Otates le informaron que alrededor de 90 personas salieron de esa comunidad tras un enfrentamiento entre grupos delictivos el fin de semana previo.
El municipio atiende la emergencia con un albergue propio y tres temporales que, según su director de Obras Públicas, Adriel Baca Velázquez, permanecen llenos. «Tenemos los albergues llenos, con apoyos, despensas y todo lo hacemos nosotros», declaró el funcionario el 3 de noviembre ante la misión, integrada por la Plataforma por la Paz entre México y la Unión Europea, Médicos del Mundo y la red TDT.
Baca explicó que el reacomodo de grupos criminales tras la caída de la siembra de amapola y mariguana trasladó la disputa a la madera, la minería y el territorio. «Honestamente, la violencia está a tope ahora, nunca habíamos visto este nivel aquí», dijo. El desplazamiento forzado interno en Chihuahua se registra desde 2008 en la región de Baborigame y creció cerca de 300% en años recientes, de unas 500 personas en 2021 a más de 1,500 estimadas en 2025, de acuerdo con la Misión Civil de Observación y el comunicado de la Red TDT. No existe un censo oficial.
En Baborigame, las personas desplazadas relataron que viven hasta quince en un solo cuarto y que trabajan por 100 pesos al día. Las autoridades de salud locales informaron a la misión que el poblado cuenta con un solo médico, sin especialistas ni atención para embarazadas, y que la región carece de Policía Municipal desde hace más de dos años. El informe de la misión, que se hará público, plantea un registro estatal de personas desplazadas, una mesa interinstitucional permanente y presupuesto etiquetado para 2027.
Chihuahua no cuenta con una Ley de Desplazamiento Forzado Interno ni con una partida específica para atenderlo, según coincidieron el municipio y la misión. La presidenta municipal Ana Laura González Ábrego no acudió a la reunión del 3 de noviembre; el ayuntamiento estuvo representado por Baca. El informe final se entregará a autoridades estatales en los próximos días.
Esta nota fue redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes locales verificadas y revisada por un editor humano antes de publicarse.