El 19 de noviembre de 2026, un juez de control de Ciudad Juárez vinculó a proceso a Maricruz R. R., directora de la Casa de Refugio para Jovencitas A. C., por trata de personas en la modalidad de trabajo forzado en agravio de tres hermanas menores de edad, según El Diario de Chihuahua.
Durante la audiencia, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia sostuvo que las niñas debían elaborar alrededor de 10 piñatas diarias en equipo, y que un proveedor identificado como Alfredo C. B. les dejaba material para unas 300 piezas por semana. Los hechos ocurrieron entre mayo y noviembre de 2024, cuando las hermanas permanecían en el centro de la calle Mezquite Azul 3635, en la colonia El Mezquital.
Netnoticias reportó que la mujer, de 64 años, fue detenida el 27 de agosto de 2026 y que otro juez le dictó prisión preventiva por una causa distinta, con cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. El albergue operaba como Centro de Asistencia Social autorizado y tenía un convenio con el DIF estatal para menores bajo tutela del Estado. El organismo informó a El Diario que desde noviembre de 2025 decidió no renovar el convenio, después de que dos adolescentes salieron sin autorización y, al ser localizadas, relataron trabajos forzados. Tras una inspección extraordinaria, el DIF presentó la denuncia ante la Fiscalía y retiró del lugar a las víctimas y a otras adolescentes bajo su tutela.
La defensa presentó entrevistas, el reglamento interno del albergue y actas de inspección del DIF de 2022 y 2024 para sostener que las piñatas eran actividades ocupacionales y que el organismo conocía las condiciones del lugar. Una extrabajadora identificada como E.C.S. declaró que las hermanas recibían clases y participaban en talleres, y negó haber presenciado golpes. La Fiscalía respondió que, según las víctimas, durante las visitas de supervisión se les ponía a realizar actividades que no formaban parte de su rutina. El juez resolvió la vinculación por trabajo forzado y fijó dos meses para la investigación complementaria.
Maricruz R. R. enfrenta además otra causa penal por una víctima distinta con un modus operandi similar, en la que ya fue vinculada a proceso. El plazo de dos meses corre desde la vinculación. Hasta entonces, la Fiscalía deberá reunir las pruebas que sostengan la acusación.
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